Quirónsalud se beneficia de la expansión de la sanidad privada en España

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A mediados del pasado mes de septiembre, Juan Carlos López y María del Carmen Florencio llevaron a su hija Valentina de cuatro meses al hospital Quirónsalud de Málaga, España, con fiebre. Volvieron una y otra vez a lo largo de los próximos días. Los médicos se equivocaron de diagnóstico cada vez.

Justo antes de la medianoche del 23 de septiembre de 2021, Valentina murió de una infección en la sangre en el hospital Materno Infantil de Málaga, según las informaciones publicadas en la página web del ABC, uno de los principales periódicos en España.

A la semana, la familia de Valentina presentó una denuncia por negligencia contra Quirónsalud y organizó una manifestación exigiendo justicia para la bebé. “Lo único que queremos saber es qué ha pasado con mi nieta”, le contó Esther Beza, la abuela de Valentina, al ABC.

Aparte de darle el pésame a la familia, Quirónsalud se negó a comentar sobre el asunto en los periódicos locales.

La denuncia no es la primera. A lo largo de los años se han presentado denuncias similares contra varios hospitales de Quirónsalud, según la Asociación Víctimas de Negligencias Sanitarias (AVINESA).

Por ejemplo, en 2016, una mujer presentó una demanda contra la clínica Quirónsalud de San José en Madrid por tratamiento negligente durante su embarazo, en el cual dio a luz a un bebé que sufría de parálisis cerebral. La clínica fue condenada a indemnizar con 1,1 millones de euros a la paciente. Asimismo, en 2020, una sentencia obligó a la aseguradora Mapfre a pagar 329 250 euros por la muerte de una paciente de 49 años en el hospital de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, también gestionado por Quirónsalud, tras inyectarle un sedante durante una intervención de hombro.

Incidentes como estos son solo la punta del iceberg en cuanto a las quejas contra 25 años de privatización gradual de los servicios del sector sanitario en España.

La sociedad civil española desconfía cada vez más del creciente número de acuerdos entre el sistema de salud público y empresas privadas como Quirónsalud. Los acuerdos no solo abarcan la prestación de servicios médicos, sino también una serie de tareas auxiliares como la restauración, la limpieza y la lavandería de los hospitales. A su vez, estos hospitales han ido reduciendo progresivamente el personal sanitario y derivando cada vez más pacientes de la sanidad pública a clínicas y hospitales privados a costa de la infraestructura pública.

¿Qué es Quirónsalud?

El grupo Quirónsalud, con sede en Madrid, es el resultado de la fusión en 2014 entre dos redes de hospitales privados españoles: el Grupo Hospitalario Quirón de Aragón e IDC Salud de Castilla-La Mancha. A día de hoy, Quirónsalud cuenta con 54 hospitales y 111 clínicas. La mayoría de sus centros se encuentran en España, pero también gestiona clínicas y hospitales en Colombia, Perú, Portugal y Emiratos Árabes Unidos. 

En 2016, el gigante sanitario alemán Fresenius, con sede en Bad Homburg, Alemania, adquirió el grupo Quirónsalud, lo que convirtió a Fresenius en el mayor proveedor sanitario privado de España. Fresenius cuenta con 311 269 empleados en más de cien países y declaró en 2020 unos ingresos de 36 mil millones de euros.

Quirónsalud y Fresenius se encuentran entre los mayores beneficiarios de una ley de 1997 que permitió a los gobiernos regionales españoles introducir planes de privatización en cuanto a la gestión de hospitales. La ley de 1997 ha generado un sistema de salud mixto público-privado en el que se redirigen fondos públicos a compañías de seguros y hospitales privados. Esto permite al sistema privado ofrecer atenciones más rápidas para procedimientos más sencillos, lo que a su vez empobrece la salud pública española.

La Comunidad de Madrid, cuya administración ha delegado la gestión de varios hospitales públicos a Quirónsalud, se ha visto particularmente afectada por las reformas de privatización. La Comunidad de Madrid es una de las 17 regiones autónomas de España y lleva siendo gobernada por el Partido Popular (PP), el principal partido político de derechas de España, desde 1995. La región incluye la ciudad de Madrid, que también fue gobernada por el PP entre 1991 y 2015 y lo sigue siendo actualmente desde 2019.

“[Fresenius, a través de Quirónsalud,] ha logrado crear, en la última década, una red de asistencia sanitaria paralela a la red pública del SERMAS [Servicio Madrileño de Salud], nutriéndose de la población madrileña adscrita y de sus profesionales, para asegurarse un floreciente y lucrativo negocio”, escribe Audita Sanidad, un grupo de ciudadanos españoles que evalúa la deuda en sanidad e identifica la deuda ilegítima del país, en su último informe.

A día de hoy, trabajadores sanitarios afirman que los hospitales de Quirónsalud carecen crónicamente de personal. “La falta de personal para disminuir gastos y aumentar beneficios supone que, por ejemplo, en la Unidad de Cuidados Intensivos cada enfermera atienda tres e incluso cuatro pacientes, cuando en los hospitales públicos el ratio es de dos”, explicaron los organizadores de una protesta frente al hospital madrileño de Villalba, gestionado por Quirónsalud, en septiembre de 2019. “Las bandejas de las cenas pasan toda la noche sin limpiar por falta de personal, hasta la entrada del turno de mañana. Profesionales recién tituladas atienden hasta a 18 pacientes en las plantas”, añadieron.

Los empleados también aseguran que Quirónsalud recorta salarios y reprime la actividad sindical. Por ejemplo, las enfermeras del hospital de Villalba cobran solo 1100 euros al mes, frente a los 1500 euros que ganan sus homólogas en los hospitales públicos.

Cientos de sanitarios se han manifestado a lo largo de los años para exigir condiciones dignas tanto para trabajadores como para pacientes, exhibiendo pancartas en las que se lee: “Quirón despide, Quirón reprime”.

En 2019, el personal sanitario de Villalba se manifestó contra el despido de tres compañeros involucrados en actividades sindicales. Entre ellos estaba Ainara M., una enfermera pediátrica de 25 años. Según los sindicalistas, Quirónsalud despidió a Ainara después de que esta fuese nombrada delegada sindical de Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad Pública (MATS).

Este incidente supone solo “un ejemplo más de la dura represión laboral que sufre la plantilla del hospital de Villalba, ejercida por QuirónSalud con total intencionalidad, despidiendo específicamente a quienes encabezan la lucha por mejorar sus condiciones laborales y derechos”, según Guillén del Barrio, representante del MATS. “Esto genera tensión en los trabajadores y trabajadoras y repercute en la calidad de la asistencia. Al final, perdemos todos, trabajadores y pacientes”.

Frente a estas acusaciones, Quirónsalud rechaza rotundamente que Ainara haya sido despedida por participar en actividades sindicales. El hospital insiste en que la despidieron por negarse a realizar una formación en neonatología. En respuesta, Ainara afirma que nunca se opuso a la formación, sino que simplemente quería asegurarse primero de que su contrato seguiría siendo el mismo.

Quejas similares sobre las condiciones laborales en los hospitales de Quirónsalud se expresan más allá de la capital española, como en Cádiz, en el sur de España, e incluso tan lejos como en Cali, Colombia.

El pasado mes de julio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció la dificultad que tenía el hospital Quirónsalud del Campo de Gibraltar en Cádiz para atender a pacientes de la Covid-19 debido a la falta de personal de enfermería y auxiliar.

Asimismo, el Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (SINTRASASS) del Centro Médico Imbanaco en Santiago de Cali, Colombia, afirma que el hospital se ha negado a garantizar los derechos de los sanitarios tras la adquisición de la clínica por Quirónsalud en marzo de 2020. “No entendemos por qué la clínica se niega a garantizarnos estabilidad y asegurarnos que los beneficios de los que disfrutamos hoy se mantendrán a la larga”, lamenta Anderson Peralta, presidente de la junta regional del sindicato y empleado del Centro Médico Imbanaco. “Lo que pedimos es mínimo después de todo el esfuerzo que hemos hecho durante la pandemia”.

Quirónsalud cobra de más a los pacientes y niega servicios 

Quirónsalud, que gestiona cuatro de los 37 hospitales de la Comunidad de Madrid, España, en el marco de una colaboración público-privada de una duración de 30 años, recibió en 2015 515 millones de euros de parte de la Comunidad de Madrid, lo que equivale a alrededor de un 7% de su presupuesto sanitario. Según el informe anual del ejercicio 2020 de Fresenius, empresa matriz de Quirónsalud, la Comunidad de Madrid debe actualmente una cantidad de 1 250 millones de euros a los cuatro hospitales de Quirónsalud de la Comunidad. 

Pero la búsqueda de aún más dinero público por parte de la empresa no acaba ahí. En 2018, por ejemplo, el hospital Infanta Elena, gestionado por Quirónsalud, llevó a la Comunidad de Madrid ante los tribunales para que se le compense por una serie de gastos imprevistos, como el pago de medicamentos especiales, terapias biológicas, tratamientos oncológicos, de hepatitis y demás. Para cubrir esos gastos, Quirónsalud exigió 40 millones de euros a la Comunidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la demanda.

Además de intentar hacerse con dinero público, Quirónsalud busca sacar dinero a pacientes de dondequiera que pueda. Durante la pandemia de la Covid-19 en 2020, tres hospitales madrileños gestionados por Quirónsalud (la Fundación Jiménez Díaz, el hospital de Villalba y el hospital Rey Juan Carlos) obligaron a los pacientes crónicos a pagar la entrega de sus medicamentos a domicilio.

A Diana, paciente de esclerosis múltiple cuyo hospital de referencia es la Fundación Jiménez Díaz, le cobraron 15 euros por el envío de su medicamento mensual a domicilio. Cuando Diana preguntó al centro médico si podía recoger su fármaco en una farmacia local, el hospital se negó.

“Esto pone a los [pacientes] crónicos en una situación de elegir gastarse el dinero, que no siempre se tiene, o ir al hospital y ponerse en riesgo cuando el propio centro nos avisó de que era mejor no ir y me canceló la revisión rutinaria con mi neuróloga”, cuenta Diana al periódico español El Diario.

Quirónsalud justifica que, aunque la ley obliga a entregar los medicamentos a los pacientes, la empresa no está obligada a cubrir el gasto. “La resolución no dice que el coste lo tenga que asumir el hospital”, afirmó un portavoz de la empresa a El Diario.

Asimismo, el sistema está diseñado para que hospitales privados como Quirónsalud se apoderen de los fondos destinados a la sanidad pública mediante el trasvase de pacientes de la pública a la privada. 

José Manuel Freire, diputado regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), explica que “cuando el paciente va de un hospital público a otro de gestión privada, el dinero sigue al paciente, es decir, la Comunidad paga un dinero al hospital por ese usuario captado [...] Pero cuando es al revés, el dinero no sigue al paciente. Teóricamente hay una facturación, pero el hospital público no ve ese dinero. Es una situación asimétrica que favorece que los pacientes vayan de los hospitales públicos a los de gestión privada”.

Quirónsalud también ha sido objeto de críticas por no prestar los servicios que le exige la ley. Por ejemplo, en 2017, la Fundación Jiménez Díaz y el hospital Infanta Elena fueron acusados de negar a sus pacientes los tratamientos de hepatitis C, a pesar de una orden dictada por la Consejería de Sanidad de tratar a dichos pacientes.

El fracaso del sistema

Estudios recientes demuestran que el sistema sanitario español en general sufre las consecuencias de las reformas de 1997. “[El] modelo de colaboración público-privada demostró tener peores resultados que el de referencia en 15 de los 26 indicadores”, escriben Nadav Davidovitch, Dani Filc y Alon Rasooly en el Israel Journal of Health Policy Research. “Otros estudios realizados en España han constatado que un seguro médico privado permite a las personas de ingresos altos evitar las listas de espera y obtener consultas rápidas”.

Pero los ciudadanos españoles resisten. Audita Sanidad le exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid “total transparencia” en los pagos que realiza a empresas como Quirónsalud con el fin de que la ciudadanía tenga voz en la gestión de recursos públicos.

En cuanto a Ainara, la enfermera despedida por Quirónsalud en noviembre de 2019, esta ha llevado a Quirónsalud a juicio para recuperar su trabajo. “No me voy a rendir ni aunque me pongan un millón de euros encima de la mesa. Es una cuestión de principios e ideología. No voy a parar”, dijo Ainara al El Pais.